La semana pasada se hicieron públicos los aranceles universitarios para el año 2006. Obviamente al ver que se registra un alza cercana al 6% con respecto al 2005, la eterna discusión sobre la finalidad de la educación en Chile se reflotó.
Creo que después de 4 años que llevo trabajando en esa área, algo puedo decir al respecto.
Que la educación es un negocio, lo es.
Por más que las distintas casa de estudio de nuestro país se llenen la boca con el principio de la formación profesional y se amparen en su estatus de fundación sin fines de lucro para validarse, el tema en Chile es simple: Estudia el que puede pagar, y el que no, bien puede esperar en la casa.
Ahora, ¿A que se debe un alza que no se sustenta en subidas de ingresos per capita, ni inflación alguna?
Bueno, sabido es que con una tasa de nacimiento cada día menor, y un número de universidades cada vez mayor, hoy en día existe una sobreoferta de carreras que llevan a los distintos organismo educacionales a tener cada vez menos alumnos. Obviamente esto lleva a los dueños de estas empresas a buscar formulas nuevas para mantener el nivel de ganancias igual al año anterior, y estas son bajar los costos y subir los valores.
Porque hablo de dueños, si las universidades son fundaciones.
La respuesta es simple, según la ley orgánica de educación dictada en la época de la dictadura, y que los pasados gobiernos no han tenido intención alguna de cambiar (de hecho recién ahora, los candidatos hablan de cambiar esta ley), aparte de imponer requisitos bastante bajos para autorizar el nacimiento de un organismo de educación superior y también su posterior autonomía, se establece que todas las universidades por defecto deben ser fundaciones sin fines de lucro, lo cual resta cualquier atractivo a invertir en esta área por parte de privados.
Por lo mismo, se crean empresas satélites por parte de los mismo fundadores de las distintas casas de estudio, que prestan servicios que van desde el arriendo de las instalaciones (inmobiliarias), hasta la concesión de fotocopias a las universidades, pasando por agencias de publicidad, servicios de vigilancia y aseo, e incluso concesiones de casino y constructoras, con el fin de recuperar capitales y generar ganancias.
Obviamente al caer en cuenta que estas ganancias son en extremo generosas, y que por lo demás, no existe ninguna regulación al respecto, la oportunidad de negocio se hace extremadamente atractiva, hecho que se ve en manifiesto en la enorme cantidad de universidades y carreras que existen para un universo bastante menor.
Ahora, como se soluciona esto.
De dos formas. Una es cambiando la famosa ley, cosa que se ve en extremo difícil partiendo de la base que líderes de partidos políticos de gobierno y oposición son dueños o directores de distintas casas de estudios, y por lo mismo no votarán nunca por una ley que atenta contra su bienestar económico.
La segunda forma es dejando que el libre mercado regule el tema, y teniendo en cuenta que la población se achica más, tarde o temprano se comenzarán a cerrar distintas casas de estudios por inviables.
Eso sí, esto implica un costo altísimo al consumidor, que seguirá pagando cifras siderales con una tasa de recuperación de la inversión que en el caso de algunas carreras se acerca a los 10 años (por ejemplo periodismo).
También esto conlleva tener un Ministerio de Educación permisivo que no intervendrá carreras por sobrepoblación profesional, ni menos subirá los estándares de calidad para acceder a la formación de nuevas casas de estudios o entregas de autonomía.
Para terminar, esto se lee y entiende como un ataque a las universidades privadas, y acá lanzo un dato concluyente. Mientras el episcopado chileno rasga vestiduras con el derecho a la igualdad de oportunidades, es la Universidad Católica, organismo “tradicional”, la casa de estudios con el arancel más caro del país, y con la mayor rentabilidad entre todas las universidades. Curioso. Les dejo la reflexión.

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